El 24 de abril de 2012 aparecía publicado en el BOE, el Real Decreto-Ley por el cual muchas personas que residen en nuestro país quedaban excluidas de la asistencia sanitaria y, por lo tanto, entraban en un corredor de la muerte en el que permanecen a día de hoy.

A lo largo de estos meses, otras medidas tomadas tanto por el gobierno central como por las Comunidades Autónomas, han hecho que el número de personas condenadas, o en grave riesgo de serlo, a este corredor haya aumentado considerablemente, vulnerando normas fundamentales de los derechos humanos.